La comunicación de masas tiene varias características, entre
ellas, un fenómeno nuevo conocido como industria
cultural. Éste consiste en que bienes culturales inmateriales como símbolos
y conocimiento son producidos y consumidos de la misma manera en la que funciona
un objeto de consumo en la economía de mercado capitalista. Las industrias culturales son entonces
empresas capitalistas como cualquier otra que persiguen la rentabilidad con la
creación unos productos culturales y también con la fidelidad de las audiencias
(que finalmente también ofrecen como un producto más a las empresas de publicidad)
Esto es problemático porque las empresas de comunicación que
tienen como función social comunicar y producir bienes culturales de calidad que sean representativos de la comunidad a la
cual son dirigidos dejan este objetivo a un lado, lo ponen en un segundo plano
y la prioridad se convierte en que éstos productos culturales sean rentables y
capten la atención de las audiencias, sin importar cuál sea su calidad y cuál
sea su posible efecto sobre la sociedad.
A este problema se le suma el hecho de que la comunicación,
fundamental y esencial para toda interacción social (y aquí están incluidas
actividades económicas, políticas y sociales), es un campo en el cual se construyen discursos, significados y sentidos, todo esto a partir de un capital cultural (símbolos).
Si éstos bienes culturales, fundamentales para la interacción social, funcionan
como cualquier otro bien en el mercado, implica que no todos pueden acceder a
ellos: sólo aquellos con poder adquisitivo pueden hacerlo. [1]
¿Qué pasa con los demás? ¿Qué sucede con su identidad? Y más
preocupante aún: ¿qué pasa si son sólo unas pocas empresas las que están
encargadas de producir bienes culturales, excluyendo a la mayor parte de la
sociedad y disminuyendo su capacidad de producir símbolos y representaciones
esenciales para la comunicación y la interacción? El poder simbólico y otros bienes culturales, determinantes para la comunicación, quedan en manos de sólo unas cuantas empresas
en todo el mundo.
Éstas eran las preocupaciones que se presentaron en el
informe de McBride y a las cuales se les quería dar una solución. McBride
considera el derecho a la comunicación “no sólo desde el aspecto pasivo de
recibir la información sino también todas las libertades que tienen los
individuos y las sociedades de acceder y participar en los flujos de
información en ambos sentidos.”[2] Y esto, en la forma como se están manejando las empresas de medios, no se está garantizando; no se está permitiendo.
Por eso, entre las sugerencias que se hacían para garantizar este derecho era
la creación de políticas públicas que permitieran a todos participar de la
comunicación en el país al que pertenecen, y al participar en ella, poder tomar un
papel importante en la producción de su propia cultura. Se trata de
Una política de comunicación que legitime la comunicación como elemento que sirve a la gente y responde a sus necesidades. (...) Una política que no sólo vele por la propiedad privada de las empresas encargadas de las lógicas de mercantilización de las industrias culturales, sino también por el derecho de acceder libremente a los bienes culturales que forjan la identidad de los individuos. [3]
En este aspecto, en
Colombia no se ha logrado mucho, sin embargo, se ha intentado. A pesar de que
hay políticas que incentivan pequeñas empresas privadas de comunicación, son
sólo unas empresas las dueñas de la mayoría de los medios.
[1] Comparar con Enciso Camacho, Emanuel. Las políticas de comunicación en el marco de las
industrias culturales plantean actualmente un debate en torno a la
democratización en el acceso de los bienes culturales. p. 3
[2] Enciso Camacho, Emanuel. Las políticas de comunicación en el marco de las industrias
culturales plantean actualmente un debate en torno a la democratización en el
acceso de los bienes culturales. p. 4
[3] Enciso Camacho, Emanuel. Las políticas de comunicación en el marco de las industrias culturales plantean actualmente un debate en torno a la democratización en el acceso de los bienes culturales. p. 8
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